Desde el Frente Amplio, pese a haber apoyado con firmeza la gratuidad universal en la educación superior, se cuadraron con el Ejecutivo respecto de aplazarla.

La política para avanzar hacia la gratuidad en la educación superior fue una de las principales reformas estructurales que impulsó el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Cuando en 2018 se implementó el beneficio, este se focalizó en aquellos jóvenes del 50% más vulnerable de la población. Luego se amplió hasta el 60%. Pero de ahí en adelante el avance de la cobertura se ha trancado. La ley estableció una serie de supuestos fiscales y macroeconómicos para activar el aumento de las ayudas, que solo se cumplirían en la medida en que haya un mayor crecimiento de mediano plazo de la economía y el fisco dispusiera de nuevos ingresos permanentes. Esos requisitos no se han gatillado. Ante ese escenario, y con el fin de priorizar recursos hacia otras políticas públicas como el proyectos que termina con el CAE, el aumento de la PGU y la mayor inversión en seguridad público, el Gobierno planteó en la reforma que crea el nuevo Financiamiento para la Educación Superior (FES) un cambio en parámetros que frenarán el avance de la gratuidad. El Ejecutivo propuso nuevos guarismos que postergarían la mayor cobertura y alejarían la universalidad. Estimaciones realizadas por el economista de Clapes UC Ignacio Muñoz -sobre la base de los nuevos supuestos fiscales que planteó el Gobierno-, el supuesto de 35,5% de recaudación como proporción del PIB que activaría la universalidad "no se lograría ni siquiera en el año 2050".